Artículo actualizado el 27/10/2026
La presencia de amianto en edificios construidos durante buena parte del siglo XX constituye un problema de salud pública, seguridad laboral y protección ambiental. Aunque su utilización está prohibida en España desde hace más de dos décadas, todavía permanece instalado en cubiertas, bajantes, depósitos, conductos, falsos techos, instalaciones y otros elementos constructivos.
En Cataluña se aprobó la Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto, una norma que establece un marco jurídico específico para localizar, controlar y retirar progresivamente los materiales que contienen amianto.
La nueva ley afecta directamente a propietarios de inmuebles, comunidades de propietarios, administradores de fincas, profesionales inmobiliarios, empresas especializadas y administraciones públicas. También introduce novedades relevantes en la compraventa y el alquiler de viviendas, locales comerciales y otros inmuebles.
La norma fue publicada en el DOGC el 3 de julio de 2026, y entró en vigor, con carácter general, el 3 de octubre de 2026. El capítulo relativo al régimen de infracciones y sanciones se desplegará de forma completa con el decreto que finalmente lo desarrolle, siendo que la Generalitat de Catalunya dispone de un plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley para aprobar el reglamento que debe desarrollarla, por lo que buena parte de los aspectos aún pendientes (incluido el régimen sancionador específico) deberían quedar concretados durante ese periodo.
Calendario clave de la Ley 8/2026
Antes de entrar en el detalle normativo, este resumen recoge las fechas y plazos más relevantes de la nueva ley:
| Hito | Fecha |
|---|---|
| Publicación en el DOGC | 3 de julio de 2026 |
| Entrada en vigor general (3 meses tras publicación) | 3 de octubre de 2026 |
| Retirada de edificios públicos o de uso público | Antes de 2028 |
| Eliminación general del amianto en Cataluña | 2032 |
| Régimen sancionador específico | Pendiente del decreto de desarrollo |
¿Qué es el amianto y por qué resulta peligroso?
El amianto, también denominado asbesto, es el nombre genérico de un conjunto de minerales naturales de estructura fibrosa que fueron ampliamente utilizados en la construcción por sus propiedades aislantes, ignífugas, mecánicas y acústicas.
Su resistencia y bajo coste propiciaron que se incorporara a numerosos productos, especialmente al fibrocemento comercializado habitualmente bajo determinadas marcas comerciales, siendo la marca Uralita la popularmente más conocida.
El principal riesgo aparece cuando los materiales que contienen amianto se deterioran, se rompen, se perforan, se cortan o se manipulan de forma inadecuada. En esas circunstancias se pueden liberar fibras microscópicas que permanecen suspendidas en el aire y pueden penetrar en el organismo por inhalación.
La exposición a estas fibras está relacionada con enfermedades graves como la asbestosis, el mesotelioma y determinados cánceres, especialmente el cáncer de pulmón. Las patologías pueden manifestarse varias décadas después de la exposición, por lo que la prevención y la retirada profesional son fundamentales. La normativa europea clasifica el amianto como agente cancerígeno de categoría 1A.
¿En qué edificios puede encontrarse amianto?
El amianto puede aparecer en edificios residenciales, industriales, comerciales y públicos construidos o reformados antes de que su utilización quedara prohibida.
- Cubiertas y placas onduladas de fibrocemento.
- Bajantes, canalizaciones y conducciones de agua.
- Depósitos y depósitos elevados.
- Chimeneas y conductos de ventilación.
- Revestimientos y paneles aislantes.
- Falsos techos.
- Morteros proyectados y materiales calorifugados.
- Pavimentos vinílicos y adhesivos.
- Elementos de protección contra incendios.
- Instalaciones industriales, salas de calderas y cuartos de máquinas.
No todo fibrocemento contiene necesariamente amianto, aunque cuando fue fabricado antes de la prohibición efectiva de este material, existe una probabilidad significativa de que esté incorporado. La confirmación debe realizarse mediante documentación fiable, inspección especializada o, cuando resulte necesario, análisis técnico de muestras efectuado por profesionales capacitados.
La propia Ley 8/2026 reconoce expresamente a Cerdanyola del Vallès, Ripollet y Badia del Vallès como municipios especialmente afectados por el amianto, debido a la histórica actividad industrial de la empresa Uralita en la zona durante buena parte del siglo XX. Este reconocimiento ilustra que no se trata de un problema anecdótico, sino de una realidad constructiva muy presente en numerosos municipios catalanes.
En España, la prohibición se aprobó mediante la Orden de 7 de diciembre de 2001 y culminó su aplicación en 2002, tras el periodo transitorio previsto en la propia norma. Los materiales ya instalados pudieron mantenerse hasta su eliminación o hasta el final de su vida útil, pero no pueden manipularse o retirarse sin cumplir la normativa aplicable.
¿Qué regula la Ley 8/2026 de erradicación del amianto?
La Ley 8/2026 crea un marco común para que las administraciones públicas catalanas, las empresas, los profesionales y la ciudadanía actúen de manera coordinada en la detección, gestión y retirada del amianto.
- Proteger la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.
- Facilitar la detección y localización de los materiales con amianto.
- Garantizar la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía durante su manipulación y retirada.
- Coordinar la actuación de las diferentes administraciones públicas.
- Acelerar la retirada progresiva del amianto.
- Reconocer y proteger a las personas afectadas por enfermedades relacionadas con este material.
- Favorecer el acceso a ayudas, subvenciones e incentivos.
La ley se integra en la planificación que fija como horizonte la retirada segura del amianto de los edificios públicos o de uso público antes de finalizar 2028 y la eliminación general en Cataluña en 2032. Estos objetivos deberán concretarse mediante planes, calendarios, prioridades y disposiciones reglamentarias; no deben interpretarse como una fecha única e incondicionada aplicable automáticamente a todos los propietarios privados.
Asimismo, la ley prevé un plan específico para identificar y retirar prioritariamente el amianto de centros educativos, sanitarios, sociales e instalaciones deportivas públicas.
El nuevo Censo catalán de materiales que contienen amianto
Localización e identificación de los inmuebles afectados
Una de las principales herramientas previstas por la ley es el Censo catalán de materiales que contienen amianto, que recogerá información sobre la ubicación y las características de los materiales detectados en edificios, instalaciones, infraestructuras, terrenos y otros emplazamientos.
Los censos municipales deberán integrarse en el censo catalán y los ayuntamientos tendrán que remitir a la Generalitat la información disponible. Mientras un municipio no disponga de censo propio, la información del censo catalán podrá producir los efectos previstos legalmente.
- Conocer la dimensión real del problema.
- Identificar las zonas y edificios prioritarios.
- Programar inspecciones.
- Planificar la retirada.
- Coordinar las ayudas públicas.
- Realizar un seguimiento del estado de conservación de los materiales.
La ciudadanía también podrá comunicar a la Administración la existencia conocida o sospechada de materiales con amianto.
Por el momento, el reglamento aún debe determinar los canales para comunicar al Censo la presencia de amianto detectada en un certificado, y los técnicos que lo emiten no tienen una obligación específica de comunicarla. Mientras tanto, la Agència de Residus de Catalunya (ARC) indica que pueden utilizarse sus canales ordinarios de comunicación, como el buzón de consultas, quejas y sugerencias.
Certificado de presencia o ausencia de amianto
Una nueva documentación relevante para vender o alquilar
La Ley 8/2026 reconoce el derecho de compradores y arrendatarios a conocer si el inmueble contiene amianto (artículo 5.d). Para ello, el artículo 21 regula el certificado de presencia o ausencia de materiales que contienen amianto, que informará sobre la situación del inmueble en el momento de su emisión.
Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario, el certificado deberá acreditar, como mínimo, la presencia o ausencia de amianto visible, su estado de conservación y el riesgo que pueda comportar para las personas. Además, debería identificar el inmueble, la fecha de emisión, el profesional o entidad que lo emite y el ámbito que se ha inspeccionado. Por tanto, no debe interpretarse necesariamente como una comprobación destructiva o exhaustiva de todos los elementos ocultos del edificio: certificar que no hay amianto visible no equivale a garantizar que no pueda existir amianto oculto en el inmueble.
El 30 de septiembre de 2026 la ARC publicó en su web un modelo básico de certificado de presencia o ausencia de amianto visible, junto con un documento de preguntas frecuentes actualizado el 5 de octubre de 2026. Este modelo no es el modelo oficial que establece la ley, que deberá determinarse por reglamento: es un modelo básico que, mientras no se apruebe ese reglamento, permite cumplir el contenido mínimo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 8/2026. Recoge la identificación del inmueble y del técnico, el resultado de la inspección visual y, si se detectan elementos susceptibles de contener amianto visible, su estado de conservación y el riesgo potencial para la salud de las personas. Puedes consultarlo en la web de la Agència de Residus de Catalunya.
El modelo básico prevé una inspección únicamente visual de los espacios y elementos a los que se haya podido acceder, sin catas, toma de muestras ni análisis de laboratorio. El propio modelo indica que el certificado se limita al ámbito inspeccionado y a los elementos visibles y accesibles, y advierte de la posible existencia de materiales ocultos, no accesibles o no identificables visualmente. El técnico puede, no obstante, añadir más contenido si lo considera necesario.
Según precisa la propia ARC, mientras no se apruebe el reglamento, el certificado puede emitirlo, en función de sus competencias, un profesional de arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería o ingeniería técnica. Además, cuando el certificado se refiera a una unidad individual de un inmueble (una vivienda o una oficina, por ejemplo) afectará únicamente a esa unidad, y no al conjunto del edificio.
Según las preguntas frecuentes de la ARC, el certificado afecta a los inmuebles anteriores a 2002, año a partir del cual se prohibió la comercialización de cualquier material con amianto. Aunque la propia Ley 8/2026 no recoge expresamente esa limitación temporal, el criterio de la ARC es claro y es el que se aplica de momento; en inmuebles posteriores a 2002, resulta recomendable confirmar con la notaría si exige igualmente el certificado antes de prescindir de él.
- Compraventa de viviendas.
- Compraventa de locales comerciales.
- Arrendamiento de viviendas.
- Arrendamiento de locales, oficinas y naves.
- Transmisión de edificios completos.
- Transmisión de terrenos sin construir, según el criterio del Colegio Notarial de Catalunya, por la posible existencia de restos o materiales con amianto.
Según la ARC, el criterio determinante es la antigüedad del inmueble: una vivienda anterior a 2002 necesita el certificado aunque se haya reformado por completo, y un local comercial transformado posteriormente en vivienda se rige por su año de construcción original, no por su uso actual. Tampoco exime de la obligación el hecho de que se haya retirado todo el amianto del edificio: el certificado sigue siendo el único documento previsto en el artículo 21 y la documentación de la retirada podrá ayudar al técnico a elaborarlo.
En cuanto al tipo de operación, el artículo 21 se refiere expresamente a la venta y al alquiler (transmisión onerosa). Por tanto, la obligación no alcanza a las herencias, donaciones, extinciones de condominio ni adjudicaciones judiciales. En otros supuestos, como la transmisión de cuotas indivisas o la aportación de inmuebles a sociedades mercantiles, la ley no se pronuncia expresamente, por lo que conviene analizar cada caso con la notaría o con un asesor jurídico.
A partir de la entrada en vigor de la obligación y sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, el certificado deberá entregarse cuando se venda o alquile un inmueble. La ley también atribuye a los administradores de fincas la función de velar por su entrega y asistir a los propietarios en su tramitación.
Cuando el certificado acredite presencia de materiales con amianto, el criterio provisional del Colegio Notarial de Catalunya es que esta circunstancia se haga constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal al inscribirse la transmisión. Si el certificado acredita la ausencia de amianto visible, no se prevé esta constancia registral específica, sin perjuicio del criterio de cada registrador. La disposición adicional séptima de la Ley prevé que se consigne en el Registro de la Propiedad la presencia de materiales con amianto en el momento de la transmisión del dominio de la finca. La ARC aclara que no es el órgano competente para pronunciarse sobre las consecuencias que pueda tener la falta del certificado en el proceso de inscripción registral.
Información sobre el amianto en los anuncios inmobiliarios
La ley refuerza también la información precontractual. Cuando una vivienda se ofrezca en venta o alquiler a personas consumidoras, la publicidad deberá reflejar la información que conste en el certificado de presencia o ausencia de amianto. Esta exigencia puede afectar a portales inmobiliarios, páginas web, escaparates, folletos, fichas comerciales y demás soportes publicitarios. No obstante, según la ARC, de momento es suficiente con disponer del certificado antes de formalizar el contrato: no es necesario tenerlo antes de iniciar la comercialización o de publicar el anuncio.
Conviene tener presente, en cualquier caso, que la existencia de amianto en un inmueble no impide por sí misma venderlo o alquilarlo: el certificado tiene una finalidad informativa, no prohibitiva, y permite a las partes conocer la situación real del inmueble antes de formalizar la operación.
Obligaciones de los propietarios de inmuebles
Los propietarios tienen un papel central en la detección y erradicación del amianto. Cuando conozcan la presencia de estos materiales, deberán comunicarla en los términos establecidos por la ley, colaborar con las actuaciones de inspección y adoptar las medidas de seguridad, conservación o retirada que resulten exigibles.
- Facilitar información sobre los materiales existentes en el inmueble.
- Permitir las inspecciones legalmente procedentes.
- Adoptar las medidas de conservación, control o retirada que sean requeridas.
- No manipular directamente materiales que puedan contener amianto.
- Contratar empresas y profesionales habilitados.
- Entregar el certificado correspondiente en las operaciones de compraventa o alquiler.
- Cumplir las órdenes administrativas de retirada.
- Gestionar los residuos mediante transportistas, gestores e instalaciones autorizados.
La detección de amianto no implica una retirada inmediata e improvisada. Sin embargo, la Ley 8/2026 establece como regla general su retirada progresiva y segura, de acuerdo con los calendarios, prioridades y procedimientos que resulten aplicables. Mientras no se produzca la retirada, deberán adoptarse las medidas de conservación, control y seguridad necesarias.
En ningún caso debe perforarse, cortarse, lijarse, fragmentarse, limpiarse con agua a presión o retirarse sin la intervención de profesionales especializados.
¿Qué deben hacer las comunidades de propietarios?
Las comunidades de propietarios deberán prestar especial atención a los elementos comunes en los que pueda encontrarse amianto, como cubiertas, bajantes, depósitos, patios, cuartos de instalaciones, fachadas, conductos o zonas comunitarias.
Identificación y evaluación inicial
Ante la sospecha de que un elemento pueda contener amianto, la comunidad debe encargar una inspección o diagnóstico técnico a profesionales capacitados. La toma de muestras no debe realizarla la propia comunidad, ya que puede liberar fibras y requiere protocolos específicos.
- El tipo de material.
- Su ubicación y extensión.
- Su estado de conservación.
- El riesgo de liberación de fibras.
- La necesidad de señalización, control, encapsulado o retirada.
- La prioridad de la intervención.
Acuerdo de la junta de propietarios
Cuando sea necesario realizar obras, la junta deberá aprobar la forma de ejecución, contratación y financiación de la actuación conforme al libro quinto del Código civil de Cataluña. Si la obra viene impuesta por una obligación legal o resulta necesaria para la conservación, seguridad o salubridad del edificio, no puede equipararse a una mejora meramente voluntaria. La mayoría concreta deberá determinarse atendiendo al alcance de la obra y al contenido del acuerdo que deba adoptarse.
Antes de convocar la junta resulta recomendable disponer de un informe técnico, varios presupuestos, una propuesta de financiación y, cuando proceda, información sobre ayudas vigentes.
Información y seguimiento
La comunidad deberá conservar la documentación técnica, informar adecuadamente a propietarios y ocupantes y comprobar que la intervención se contrata con empresas capacitadas. El administrador coordina la gestión administrativa y documental, pero no sustituye las funciones del técnico competente, del coordinador de seguridad, de la empresa especializada ni de la autoridad laboral.
Amianto e inmisiones entre fincas vecinas
La Ley 8/2026 modifica el artículo 546-13 del Código civil de Cataluña para incluir expresamente las fibras de amianto entre las posibles inmisiones ilegítimas. Esto tiene una consecuencia práctica directa para las comunidades: la liberación de fibras desde una cubierta, fachada o instalación comunitaria que cause daños o afecte a fincas vecinas puede dar lugar a medidas de cesación, reparación y, cuando corresponda, responsabilidad, lo que refuerza aún más la conveniencia de actuar con diligencia ante cualquier indicio de deterioro.
Nuevas obligaciones para los administradores de fincas
- Comunicar la presencia conocida de materiales con amianto a los propietarios y a los órganos responsables del censo.
- Velar por que el propietario entregue el certificado de presencia o ausencia al comprador o arrendatario (siempre y cuando el administrador intervenga en la operación inmobiliaria).
- Informar sobre las ayudas y subvenciones disponibles.
- Difundir protocolos, guías y documentación oficial.
- Colaborar con las inspecciones administrativas.
- Facilitar información a propietarios y arrendatarios.
Estas funciones refuerzan la importancia de que las comunidades estén gestionadas por profesionales con preparación técnica, jurídica e inmobiliaria suficiente. El administrador colegiado es la persona idónea, debiendo coordinar la información, advertir de las obligaciones e impulsar los acuerdos comunitarios, sin asumir funciones reservadas a técnicos o empresas especializadas.
Cómo debe retirarse el amianto
La retirada de amianto no puede tratarse como una obra ordinaria. El Real Decreto 396/2006 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos en los que exista riesgo de exposición. La normativa obliga, entre otras medidas, a evaluar los riesgos, formar a los trabajadores, adoptar sistemas de protección y elaborar el plan de trabajo exigible, que debe ser aprobado por la autoridad laboral cuando corresponda.
Las empresas que realicen trabajos con amianto deben cumplir los requisitos técnicos y preventivos y, cuando resulte preceptivo, estar inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA). La Ley 8/2026 crea además un registro catalán de empresas y profesionales capacitados, que será adicional y no sustituirá al RERA estatal.
- Inspección y, cuando sea necesario, toma de muestras por personal capacitado.
- Análisis en laboratorio.
- Elaboración del estudio o diagnóstico.
- Preparación del plan de trabajo.
- Aprobación por la autoridad laboral cuando proceda.
- Aislamiento y señalización de la zona.
- Retirada mediante técnicas que reduzcan la dispersión de fibras.
- Embalaje y etiquetado del residuo.
- Transporte por operador autorizado.
- Depósito en una instalación autorizada.
- Limpieza y control final del espacio.
- Entrega de justificantes y certificados a la propiedad.
El amianto retirado es un residuo peligroso
Desde el momento en que un material con amianto se retira de su emplazamiento original, pasa a estar sometido al régimen de los residuos peligrosos. No puede abandonarse en la vía pública, depositarse en un contenedor convencional ni trasladarse por medios particulares al margen de los requisitos legales.
Su gestión debe garantizar la trazabilidad desde el lugar de retirada hasta el destino autorizado. La Ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece las obligaciones generales de productores y poseedores de residuos y el principio de que los costes de gestión deben ser asumidos por quien genera o posee el residuo, sin perjuicio de las ayudas públicas disponibles.
Aunque el residuo mantenga su régimen de control especial, determinados materiales de construcción con amianto pueden admitirse en depósitos controlados de residuos no peligrosos de clase II específicamente autorizados, siempre que se cumplan estrictamente las condiciones técnicas y de aislamiento establecidas por la normativa estatal.
Ayudas para retirar amianto en Cataluña
La Ley 8/2026 crea el Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña, destinado a financiar actuaciones de detección, gestión y retirada. La ley prevé también programas de apoyo e incentivos, especialmente cuando la retirada se integra en actuaciones de rehabilitación, eficiencia energética o implantación de energías renovables.
- Comunidades de propietarios.
- Propietarios de viviendas unifamiliares.
- Titulares de edificios residenciales.
- Propietarios de locales y naves.
- Ayuntamientos y otras administraciones.
- Actuaciones vinculadas a rehabilitación y eficiencia energética.
La creación del fondo no implica que exista permanentemente una convocatoria abierta para cualquier propietario o comunidad. La concesión dependerá de las bases y del presupuesto de cada convocatoria, de los beneficiarios admitidos, de los gastos subvencionables, de los plazos y del cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos.
Cuando el inmueble haya recibido ayudas o subvenciones vinculadas al amianto concedidas al amparo del artículo 26 de la Ley, esa documentación también deberá facilitarse a la notaría al formalizar la operación de compraventa.
Inspecciones y régimen sancionador
La norma refuerza las facultades de inspección de las administraciones públicas. El personal inspector podrá acceder a instalaciones y emplazamientos, solicitar documentación, requerir información y ordenar medidas correctoras o provisionales, todo ello en los términos previstos legalmente y sin perjuicio del derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.
- Leves: de 100 a 3.000 euros.
- Graves: de 3.001 a 30.000 euros.
- Muy graves: de 30.001 a 100.000 euros.
Entre las conductas sancionables se incluyen la manipulación sin capacitación, el vertido fuera de instalaciones autorizadas, el incumplimiento de órdenes de retirada, la falta de comunicación al censo, la obstaculización de las inspecciones o el incumplimiento del deber de entregar el certificado.
El despliegue completo del régimen sancionador específico de la Ley 8/2026 está pendiente de determinados desarrollos reglamentarios. Esto no impide que determinadas actuaciones indebidas puedan estar sujetas, entretanto, a sanciones derivadas de la normativa laboral, ambiental, urbanística, de salud pública o de residuos. En concreto, la ley califica como infracción leve (artículo 53) el no entregar el certificado en los casos en que resulta obligatorio. Sin embargo, el capítulo de la ley dedicado al régimen sancionador solo entrará en vigor con la aprobación del decreto que lo desarrolle y, hasta ese momento, la ARC señala que solo se aplicarían las disposiciones sancionadoras generales en materia ambiental. Por ello, las multas previstas para las infracciones leves no resultan todavía aplicables con base en el régimen específico de la ley.
La Ley tampoco regula expresamente los efectos que puede tener la falta del certificado sobre la formalización de la compraventa o del alquiler, ni establece que comporte su nulidad, tal y como aclara la ARC, no obstante, según el criterio del Colegio Notarial de Catalunya, el vendedor que no lo aporte estaría incumpliendo su obligación de entregarlo, lo que podría generar dificultades en la inscripción registral; por ello se recomienda exigir siempre su aportación antes de la firma.
¿Qué hacer si se sospecha que un inmueble contiene amianto?
- No manipular el material: No debe perforarse, romperse, limpiarse con agua a presión, lijarse ni retirarse por cuenta propia.
- Restringir el acceso si está deteriorado: Cuando existan roturas, desprendimientos o polvo, conviene limitar el acceso a la zona y solicitar asesoramiento técnico urgente.
- Encargar una inspección profesional: Un técnico o empresa especializada podrá determinar si el elemento puede contener amianto y si resulta necesario analizar una muestra.
- Evaluar su estado: No todos los materiales presentan el mismo riesgo. Los materiales friables o deteriorados requieren una atención prioritaria.
- Solicitar presupuestos a empresas habilitadas: La oferta debe incluir las medidas preventivas, la retirada, el transporte, la gestión del residuo y la entrega de justificantes.
- Comprobar licencias y ayudas: Dependiendo del municipio y del tipo de intervención, pueden ser necesarias licencias, comunicaciones previas u otras autorizaciones.
- Conservar toda la documentación: Los informes, certificados, facturas y documentos de gestión del residuo pueden resultar necesarios para futuras operaciones inmobiliarias, inspecciones o solicitudes de subvención.
Amianto y operaciones de compraventa o alquiler
La existencia de amianto puede influir en el valor, la comercialización y las condiciones de un inmueble. Antes de vender o alquilar una vivienda o un local comercial resulta conveniente revisar:
- La antigüedad del edificio.
- Las cubiertas y bajantes.
- Los cuartos de instalaciones.
- Las actas de la comunidad.
- Los informes técnicos disponibles.
- Las obras previstas.
- La existencia de derramas aprobadas.
- La documentación relativa al amianto.
- El certificado de presencia o ausencia, cuando sea exigible.
- La información que deba reflejarse en la publicidad inmobiliaria.
Una información incompleta puede provocar retrasos en la operación, conflictos entre las partes o reclamaciones posteriores. La intervención de un administrador de fincas o un agente de la propiedad inmobiliaria (API) permite preparar la documentación, identificar contingencias y comunicar la situación de manera transparente a compradores y arrendatarios.
Qué preparar antes de la firma: la recomendación del Colegio Notarial de Catalunya
Una nota del Colegio Notarial de Catalunya de 22 de septiembre de 2026 concreta cómo actuar mientras no se apruebe el reglamento de desarrollo de la Ley. La recomendación principal es clara: si tienes una compraventa en preparación, conviene prever la obtención del certificado con antelación y hacerlo llegar a la notaría antes de la firma.
- Dispones del certificado correspondiente al inmueble.
- El certificado contiene la información mínima necesaria: presencia o ausencia de amianto visible, estado de conservación, riesgo para las personas, identificación del inmueble, fecha de emisión y profesional o entidad emisora.
- Tienes identificados la fecha de emisión y el profesional o entidad que lo ha emitido, y has confirmado con la notaría si considera adecuada su cualificación (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según el criterio de la Agència de Residus de Catalunya y del Colegio Notarial).
- El certificado se ha entregado al comprador y se ha hecho llegar a la notaría con antelación a la firma.
- Si existen ayudas o subvenciones vinculadas al amianto concedidas al amparo del artículo 26 de la Ley, también se ha facilitado esa documentación a la notaría.
Según el criterio del Colegio Notarial, en la escritura se dejará constancia de la entrega del certificado y de su recepción por el comprador, y el documento se incorporará a la matriz. Conviene saber que la ley no determina la forma documental de acreditar esa entrega ni su incorporación a las escrituras públicas, ni regula las funciones de comprobación que correspondan al notario, por lo que el criterio puede variar de una notaría a otra. La consulta del Censo catalán de materiales que contienen amianto no sustituye al certificado.
Nota: estas indicaciones recogen el criterio provisional del Colegio Notarial de Catalunya y del Col”legi d’Administradors de Finques de Barcelona.Lleida (CAFBL) mientras no se apruebe el reglamento de desarrollo de la Ley 8/2026. Conviene tener en cuenta también el criterio de cada notario y estar atento a las actualizaciones que se publiquen.
Una gestión anticipada evita riesgos y costes innecesarios
La erradicación del amianto en Cataluña exigirá una actuación coordinada de propietarios, comunidades, técnicos, empresas de retirada, administradores de fincas y profesionales inmobiliarios.
No es recomendable esperar a que aparezca una orden administrativa, una inspección, una obra urgente o una operación de compraventa para analizar la situación del inmueble. Una detección temprana permite planificar la actuación, comparar presupuestos, solicitar ayudas, aprobar correctamente los acuerdos comunitarios y evitar manipulaciones que puedan poner en riesgo a vecinos, trabajadores y terceros.
Preguntas frecuentes sobre la Ley del Amianto en Cataluña
¿Es ya obligatorio el certificado de amianto para vender o alquilar?
Sí. La Ley 8/2026 entró en vigor el 3 de octubre de 2026 y, según la ARC, el certificado debe entregarse desde esa fecha en las operaciones de venta o alquiler de inmuebles a las que resulte aplicable la obligación (de acuerdo con su criterio, los inmuebles anteriores a 2002). Aunque aspectos como el desarrollo reglamentario del certificado y el régimen sancionador específico siguen pendientes, conviene preparar el certificado con antelación y, si ya tienes una compraventa en marcha, hacerlo llegar a la notaría antes de la firma.
¿Tengo que retirar el amianto de mi vivienda de forma inmediata?
No, salvo que exista un riesgo específico o una orden administrativa. La ley establece una retirada progresiva conforme a calendarios y prioridades, con el horizonte de 2032 para la eliminación general en Cataluña.
¿Puede el amianto afectar al valor de una vivienda o local?
Sí. Su presencia, estado de conservación y la documentación disponible pueden influir en la negociación, en el precio y en las condiciones de la operación, por lo que conviene anticiparse antes de poner el inmueble en venta o alquiler.
¿Qué pasa si no se presenta el certificado de amianto en una compraventa?
La Ley no regula expresamente los efectos de la falta del certificado sobre la formalización de la compraventa o del alquiler, ni establece que comporte la nulidad de la operación. Aun así, según el criterio del Colegio Notarial de Catalunya, su ausencia supone un incumplimiento del deber del propietario y puede acarrear tanto sanciones administrativas como el cierre registral de la operación; por ello se recomienda exigir siempre su aportación antes de la firma. La ley califica como infracción leve el no entregarlo (artículo 53), aunque el régimen sancionador específico no entrará en vigor hasta que se apruebe el decreto que lo desarrolla.
¿Quién debe pagar el certificado de amianto?
La Ley 8/2026 no determina expresamente quién debe asumir el coste del certificado. Lo que sí establece es que el propietario debe entregarlo al comprador o arrendatario, por lo que conviene prever este gasto antes de iniciar la operación. Aunque el precio no está regulado, el sector apunta a un coste orientativo que podría partir de los 120 euros + IVA, sin descartar que en determinados casos alcance los 500 euros + IVA, en función de la complejidad del inmueble y del profesional que lo emita.
¿Hace falta un certificado por cada vivienda o sirve uno general de la finca?
Según ha precisado la Agència de Residus de Catalunya, cuando el certificado se refiere a una unidad individual (una vivienda o una oficina), afecta únicamente a esa unidad y no al conjunto del edificio, por consiguiente, no basta con un certificado general de la finca para acreditar la situación de cada vivienda o local.
¿El certificado afecta solo a las zonas comunes del edificio?
No necesariamente. La ley no limita el certificado de presencia o ausencia de amianto a los elementos comunes; también puede ser necesario revisar los elementos privativos de cada vivienda o local.
¿Debe el administrador de fincas emitir el certificado?
No. El administrador de fincas puede informar, asistir a los propietarios y coordinar la documentación de la comunidad, pero la Ley 8/2026 no le atribuye la competencia para emitir el certificado. Esa competencia corresponde, mientras no haya reglamento, a las categorías profesionales previstas en la Ley estatal 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería e ingeniería técnica), en función de sus competencias, y deberá concretarse definitivamente por reglamento. Según la ARC, un técnico superior en prevención de riesgos laborales no puede emitirlo por el solo hecho de estar especializado en amianto, ya que esa formación no sustituye los requisitos actuales; y para los profesionales habilitados en otro Estado de la Unión Europea la ARC remite a las mismas categorías profesionales y a sus competencias.
¿Es lo mismo que el certificado de estar al corriente de pago?
No. El certificado de amianto informa sobre la presencia o ausencia de este material en el inmueble. El certificado de estar al corriente de pago acredita la situación económica del propietario frente a la comunidad. Son documentos distintos y con finalidades distintas.
¿Hay que hacer catas o análisis de laboratorio para obtener el certificado?
No. El modelo básico publicado por la ARC prevé una inspección únicamente visual de los espacios y elementos accesibles, sin pruebas ni ensayos, por lo que no se requiere toma de muestras ni análisis de laboratorio. El certificado se limita al ámbito inspeccionado y advierte de la posible existencia de materiales ocultos o no identificables visualmente. Si hay materiales sospechosos que no pueden confirmarse a simple vista, el técnico puede añadir más contenido al certificado si lo considera necesario.
¿Tiene fecha de caducidad el certificado de amianto?
De momento no: no se ha establecido un periodo de vigencia específico. Según la ARC, un mismo certificado puede utilizarse en contratos de alquiler sucesivos siempre que el inmueble no haya sufrido modificaciones. Tras la retirada de materiales con amianto identificados en un certificado anterior, la normativa vigente tampoco fija un periodo de vigencia, por lo que conviene consultar con el técnico si resulta aconsejable actualizarlo.
¿Puede el comprador o el inquilino renunciar a recibir el certificado?
Obtener el certificado es un derecho de la ciudadanía (artículo 5.d de la Ley 8/2026) y, según la ARC, como cualquier derecho, su titular puede ejercerlo o renunciar a él. Aun así, el Colegio Notarial recomienda exigir siempre su aportación antes de la firma, por lo que conviene consultar con la notaría si aceptaría una renuncia. La ley tampoco regula qué ocurre si el certificado se aporta con posterioridad a la formalización del contrato.
¿Qué diferencia hay entre la ley catalana y la normativa estatal?
La normativa estatal (como el Real Decreto 396/2006 o la Ley 7/2022 de residuos) regula la seguridad laboral y la gestión de residuos peligrosos en todo el territorio español. La Ley 8/2026 catalana añade un marco propio y específico para Cataluña: censo, certificado, fondo de ayudas y coordinación entre administraciones.
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Esta doble condición nos permite abordar de forma integral tanto la gestión de comunidades de propietarios como la venta y el alquiler de viviendas y locales comerciales.
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