La nueva modalidad de alquileres turísticos que escapa al control de l’Ajuntament de Barcelona.

Los nuevos alquileres turísticos o el arrendamiento de viviendas para uso turístico, denominadas en Cataluña, habitages d’ús turístic (HUT), es un fenómeno en constante auge en la ciudad de Barcelona gracias a las novedosas plataformas de la economía colaborativa, que han suprimido los costes de escala necesarios para poder comercializar alojamientos en un mercado global, permitiendo así a simples propietarios de viviendas el acceso a dicho mercado en condiciones de igualdad con grandes empresas hoteleras y centrales de reservas.

Las externalidades negativas de alquileres turísticos que esta nueva realidad económica está provocando (problemas de convivencia vecinal, desertización comercial, sobrecarga del espacio público, el fenómeno de la gentrificación) han obligado a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona a actuar de forma apresurada y a remolque de esta nueva realidad, mediante la aprobación de instrumentos urbanísticos, como el reciente Plan Especial Urbanístico de Pisos Turísticos (Peuat), estableciendo severas restricciones para la realización de esta actividad en las zonas de más presión turística de la Ciudad Condal, y modificando recientemente la Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña, para aumentar considerablemente el importe mínimo de las sanciones económicas hasta los 60.000 euros para quienes arrienden su vivienda para uso turístico sin licencia, y modificando el decreto 159/2012, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico (en adelante, el decreto), eliminado el requisito de la “reiteración” que tanta polémica estaba generando entre los operadores jurídicos.

No obstante, tal como ya adelantábamos en un artículo del 18 de septiembre, existe una nueva modalidad de explotación de viviendas para uso turístico que no precisa de licencia administrativa en Cataluña y que está escapando del control de la Administración.

Se trata del alquiler de habitaciones para uso turístico que realiza el propietario que continua habitando allí para obtener una rentabilidad que le ayude a costear los gastos de su vivienda.

El decreto cuando define la cesión de viviendas para uso turístico en su art. 66 no contempla la cesión de una o varias habitaciones solamente, en vez de sobre toda la vivienda. Si bien es cierto que el apartado 2 del citado precepto prohíbe que la cesión se haga por estancias, existen dudas entre los expertos de si esta prohibición estaría contemplando esta nueva realidad económica del alquiler por habitaciones, más teniendo en cuenta que debe hacerse una interpretación restrictiva del art. 66.2 por tratarse de una prohibición.

En el caso de que la Administración acabara interpretando que el art. 66.2 del decreto es aplicable al arrendamiento de habitaciones para uso turístico, debemos tener en cuenta que esta prohibición podría ser considerada nula por vulnerar la libre competencia, tal como ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, sección segunda, en reciente sentencia de 21 de marzo de 2017 respecto de la regulación canaria que contempla la prohibición de los arrendamientos por habitaciones para uso turístico.

A ello debemos añadir que el art. 5.e de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU 94), cuando se refiere a los arrendamientos para uso turístico para excluirlos de su ámbito objetivo, concreta que la cesión debe ser “de la totalidad de una vivienda”; quedando pues en última instancia la duda de si, ante el vacío legal al que hacíamos referencia con anterioridad, los contratos de arrendamiento por habitaciones para uso turístico estarían sujetos a la LAU 94, o en su caso, al Código Civil, habiéndose decantado los tribunales por la sujeción al Código Civil (SAP Madrid, Sección 14ª, de 10-7-2007; y SAP de Ciudad Real, Sección 1ª, de 14-9-2017).

Algunas comunidades autónomas, como País Vasco y Andalucía, se han avanzado a esta nueva realidad económica del alquiler por habitaciones, sujetándola al control de la Administración cuando ésta va destinada a fines turísticos.

Así pues, urge en Cataluña una nueva reforma del decreto que contemple esta nueva realidad económica en los alquileres turísticos y aclare a los operadores jurídicos cuál es su tratamiento jurídico, así como una unificación y homogeneización de la regulación sobre el alquiler vacacional en España.

FUENTE: Diario Expansión
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/02/05/5a785910ca474183648b4609.html

También te puede interesar

La inversión colectiva a través de crowdlending inmobiliario

crowdlending